Los días en tiempos de crisis son duros para los políticos, que deben gestionar la crispación y la escasez. Esta pesada carga no debería ser excusa para no afrontar las cosas con transparencia y con toda la verdad por delante. En el Consejo Interterritorial de Salud celebrado el día 18, que acabó con una foto de familia de la ministra y los consejeros con caras sonrientes, se acordó rebajar los precios de los medicamentos para conseguir una hipotética rebaja de la factura sanitaria de 1.500 millones de euros, esa es la única medida concreta publicitada hasta el momento. La primera crítica al anuncio es la opacidad y la falta de diálogo de los responsables de la Administración con los farmacéuticos, ya que la medida no se corresponde con los argumentos expuestos por los representantes del ministerio estas últimas semanas. Seguramente es la medida más vistosa, pero no la más justa ni la más eficiente.
Una vez más los políticos se decantan por los titulares impactantes y se centran en medidas que comportarán una disminución de los recursos de las farmacias, lo que puede comprometer seriamente proyectos que repercuten en mejoras para el paciente y que requieren inversiones importantes, como el de receta electrónica. Es más, las farmacias de aquellas comunidades autónomas que más contribuyen al control de la factura en medicamentos, que son las que dispensan una mayor cifra de genéricos, son las que soportarán en mayor medida los nuevos recortes anunciados, pues la reducción de precios afecta principalmente a estos fármacos.
Incentivar el uso de genéricos hace posible, entre otras medidas, que la media del gasto por receta en Catalunya sea el 5% inferior a la media del Estado. Si la salud de los españoles ligada al consumo de medicamentos es homogénea, igualar la cifra de gasto en Catalunya -similar a la de otras comunidades con cifras más bajas, como Madrid o Andalucía- ahorraría más de 700 millones de euros a Sanidad.
En momentos de crisis, la queja debe ser ponderada. Pero esta necesidad de ponderación no tiene que significar la renuncia a denunciar una falta de reflexión por nuestros responsables políticos, que ya parece crónica, y su incapacidad de encontrar nuevas vías para racionalizar coherentemente el gasto en medicamentos haciéndolo compatible con una farmacia sostenible y capaz de asumir nuevos retos.
F. PLA SANTAMANS, vicepresidente del Col•legi de Farmacèutics de Barcelona
0 Comments