Me cuesta hacerme a la idea de que tendremos que renunciar a la manera de ejercer nuestra profesión como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Todos los que trabajamos en las farmacias, titulares o no, nos sentimos impotentes ante unas decisiones incoherentes, tomadas sin la debida reflexión por parte de quienes nos gobiernan, recortando el gasto sanitario del modo más fácil, sin pensar en cuáles serán las consecuencias para los pacientes.
Las leyes aprobadas demuestran que ni valoran la labor que realizamos ni les preocupa cómo afecten a los ciudadanos. La gente no entenderá por qué la farmacia ha de perder buena parte de su carácter de servicio público. ¿De qué habrá servido formar a nuestro personal? ¿Por qué despreciar su desarrollado espíritu de servicio? ¿Quién se ocupará de ahora en adelante de atender al pensionista que viene a diario a que le escuchemos, tomemos la tensión o aconsejemos? ¿Y quién asesorará a las futuras mamás? ¿O a los que necesitan dejar de fumar? ¿Y las recomendaciones nutricionales a los diabéticos?… Señores del Gobierno: ¿es que los ciudadanos no necesitan y merecen recibir nuestra atención? ¿Es que nuestra labor no ahorra gastos al sistema sanitario?
Señores, este modelo se acaba por decreto. El Gobierno así lo ha decidido y lamentablemente el servicio que les prestamos y ustedes aprecian no podrá continuar.
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