21/09/2020. Tanto en Cataluña como en España continúa creciendo el número de infectados por coronavirus, ya sea por irresponsabilidad o por desconocimiento, al no respetarse las medidas básicas: ponerse la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad.

Si hablamos de garantías, el jabón para lavarse las manos y la distancia social no comportan mayor preocupación que simplemente ser aplicados como está previsto. Si nos centramos en el gel hidroalcohólico y las mascarillas, puede parecer que la situación está controlada después del caos que vivimos al principio de la pandemia, pero lamentablemente no es así.

Nuestra legislación establece una diferencia entre productos calificados como producto sanitario (PS) y producto no sanitario. En el PS, la composición, elaboración, distribución, inspección y venta están bajo el control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). En los no considerados productos sanitarios es el fabricante quien garantiza que cumplen la normativa específica de fabricación y etiquetado, y el control no depende de la AEMPS.

Solo hay algo peor a no protegerse: creer que se está protegido sin estarlo

En el caso de las mascarillas, hay que recordar que las quirúrgicas (PS) pueden adquirirse en cualquier establecimiento envasadas y que solo las farmacias pueden venderlas sin envasar, suministrándolas en un formato que garantice su protección ante la contaminación antes de su uso. Por lo que respecta a los geles, solo los PS garantizan la concentración necesaria de los principios activos virucidas autorizados por la AEMPS, ya que han demostrado su eficacia y pueden ser etiquetados como desinfectantes virucidas. Los geles que no son producto sanitario no pueden utilizar en su etiquetado estas denominaciones (virucida y desinfectante), porque no lo son, y los ciudadanos deberíamos asegurarnos antes de usarlos.

¿Dónde está el problema? Por un lado, en la cantidad de mascarillas que no cumplen la normativa y que se distribuyen, generalmente en todo tipo de establecimientos que no disponen de profesionales que puedan verificar los certificados de calidad, ni aconsejar sobre su uso correcto, ni cuentan con una cadena de distribución controlada que avale el tratamiento adecuado para que los productos lleguen al ciudadano en perfectas condiciones. Por otro lado, en el uso de productos no desinfectantes que se usan como tales, porque el ciudadano no está suficientemente informado o aconsejado y se fija casi exclusivamente en el precio.

La AEMPS tiene publicada en su web una relación de más de 70 productos sanitarios, entre ellos mascarillas, que no cumplen la regulación. Esto significa que la calidad y el uso correcto de los elementos de protección no está totalmente garantizado. La solución implica que las administraciones trabajen para detectar los incumplimientos, como ya están haciendo, para controlar con rigor la importación, para mejorar la información y para aplicar sanciones por delito contra la salud pública a todos los que intervengan a la hora de poner en manos del ciudadano artículos que no reúnen las garantías de calidad necesarias, poniendo en riesgo la salud de la población. Las administraciones también deben forzar, en la distribución, el uso de cadenas que garanticen y controlen la conservación de calidad del producto. Finamente, en el punto de venta, deben controlar que los productos cumplan la normativa correspondiente, y obligar a los que se los ofrecen a los clientes a explicar que son productos homologados para la protección o desinfección y las condiciones de uso y desecho correctas. Hay que hacerlo por la salud de todos en primer lugar, pero también por el bienestar socioeconómico.

Como ciuadanos, ¿qué establecimiento nos garantiza que el producto que compramos es 100% seguro y adecuado? Hablaré de uno de los que lo hacen, la farmacia: su cadena de distribución está certificada con estándares para medicamentos, los más rigurosos. La farmacia está sometida a continuos controles de Sanidad, de los mismos colegios de farmacéuticos por lo que respecta a productos sanitarios, y de las autoridades de consumo por lo que se refiere a los productos que no son productos sanitarios. Ningún otro establecimiento público está más controlado, y esto es así porque la farmacia es un establecimiento sanitario que dispensa medicamentos y productos sanitarios, instrumentos que inciden en la salud de las personas. Los equipos de profesionales de las farmacias informan y forman sobre su uso y manipulación correctos para conseguir el máximo efecto protector con el mínimo riesgo.

Solo hay algo peor a no protegerse: creer que se está protegido sin estarlo. De aquí la importancia de las garantías que la farmacia ofrece. La llegada del otoño y el inicio del curso escolar suponen una nueva etapa que pondrá a prueba nuestra capacidad de controlar la expansión de la enfermedad. En este contexto, una protección con garantías es fundamental.

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